Un profesor de filosofía me decía una vez que con frecuencia, cuando las discusiones sobre cuestiones políticas se entrampaban demasiado, un principio muy simple le ayudaba a adoptar una posición determinada: que el bien siempre es mejor que el mal. Este profesor sabía, por supuesto, de lo complejo que en situaciones concretas resulta distinguir lo bueno de lo malo, pero sostenía que muchas veces las discusiones políticas se perdían en una multiplicidad de opiniones que distraían al ciudadano y no le permitían considerar lo obvio: que hay “bienes” supremos, como el bien común y la justicia, que debemos poner por delante a la hora de hacernos un juicio sobre cualquier posición en debate.

Esto me ha venido a la memoria a propósito de la discusión actual sobre la mejor salida al desacuerdo entre el grupo mayoritario del Congreso y el Presidente de la República. La discusión está tan crispada y transcurre entre tantos detalles jurídicos que con frecuencia se pierde de vista los fines a los que responde cada posición. Sin embargo, para nadie es un secreto que detrás de cada propuesta existe un interés político determinado. Lo importante, entonces, no solo es examinar la coherencia de la variedad de interpretaciones de la Constitución o de nuestro sistema político, sino también percibir los fines que persigue cada propuesta a la luz de esos bienes supremos que nos sostienen como sociedad.

La tarea de discernir los fines que persiguen las intervenciones de cada autoridad, analista o periodista no debería resultar tan complicada si uno, aparte de mantenerse informado sobre la discusión actual, guarda también memoria histórica de la trayectoria de cada uno de ellos. Todos podemos mejorar y, por otra parte, quien hizo bien puede luego hacer mal. Pero cuando los intereses de nuestros actores políticos se oponen de forma sostenida al bien común y a la justicia lo que corresponde es tomar distancia de ellos. Ante la mezquindad y la corrupción no cabe la ambigüedad.

P. Deyvi Astudillo, SJ
Responsable de Vocaciones Jesuitas
Publicado el 31/8/2019 en el Diario La República