El indulto humanitario es, qué duda cabe, una concesión noble y que ojalá pudiera otorgarse con mayor diligencia a los tantos compatriotas encarcelados que lo requieren. Nadie debería morir en prisión. Sin embargo, las circunstancias en que se ha concedido el indulto al expresidente Fujimori han dejado perplejos a quienes consideramos que el respeto al Derecho es una condición fundamental para el desarrollo humano en nuestro país. Si el indulto estuviera justificado, hubiera merecido un proceso legal más transparente y un contexto más oportuno. No habría razón para la perplejidad.

Pero, además, lo que para muchos resulta más indignante es que se recurra a un valor tan costoso como el de la reconciliación para justificar una decisión política que a todas luces reactiva la división y el enfrentamiento entre peruanos. Una reconciliación nacional, luego de los años de terrorismo, de guerra interna y de violencia política, es lo que de corazón todos anhelamos. Sin embargo, ¿es forzando el Derecho y tratando de compensar con dádivas el dolor de las víctimas que vamos a favorecer la reconciliación? En las circunstancias actuales, en que la inestabilidad de las autoridades políticas es la norma, ¿es recto calificar con pompa a un gabinete de ministros como “gabinete de la reconciliación”, como si de verdad se pudiera garantizar que éste va a liderar el gran proceso de reconciliación que requerimos? ¿Dónde están las señales de que un plan para una real promoción de la reconciliación está en marcha?

Algunas palabras tienen la extraordinaria capacidad de expresar los anhelos espirituales más profundos de una sociedad. Es lo que sucede en nuestro país con la palabra reconciliación. Invocarla con ligereza o en función de intereses particulares no solo es desgastarla, en el fondo es una manera de obstaculizar su realización y de maltratar a todos los que luchan por ello.

P. Deyvi Astudillo, SJ
Responsable de Vocaciones – Jesuitas del Perú
Publicado en el diario La República (07/01/18)