La divulgación de audios recogidos por instancias del mismo poder judicial y que revelan la magnitud de la corrupción en este poder del Estado está remeciendo nuestra vida política. No sabemos aún si también llegarán a remecer los cimientos de nuestras instituciones judiciales, pero hay consenso entre la población sobre la necesidad de hacer reformas estructurales que garanticen un cambio sostenible en el desempeño de la justicia. En este sentido, las palabras del cardenal Barreto en su homilía del 31 de julio en presencia del presidente Vizcarra fueron un espaldarazo a la decisión del Ejecutivo de presentar al Congreso un conjunto de proyectos orientados a estas reformas.

Sin embargo, a pesar del interés de la gran mayoría de peruanos y peruanas en que se conozca el verdadero funcionamiento de la justicia en el país, en que salgan a la luz los oscuros negociados que muchas veces determinan el avance de los procesos judiciales y las decisiones de los jueces, existe un grupo de personas que prefiere que esta información quede oculta. Antes que exigir investigaciones y sanciones para los implicados en los que resultan evidentes actos de corrupción, estas personas prefieren censurar a los que han difundido los audios, alegando incluso razones éticas. Pero, ¿se debe preferir el derecho a que las comunicaciones personales permanezcan en el espacio privado antes que la necesidad de desenmascarar a la corrupción de nuestras instituciones públicas? Por supuesto que no. Cuando se trata de asuntos que afectan al bienestar colectivo, es decir, que comprometen nuestra confianza básica en las instituciones y la vida concreta de millones de ciudadanos, lo privado cede ante lo público. Es lo que nos permite existir como sociedad.

Es verdad que, en este caso, se podría pensar que esos audios debieron haber permanecido en el ámbito de las autoridades que los encargaron, para que fueran ellas quienes establecieran las sanciones correspondientes. Pero sabemos que esto no iba a ocurrir dada la fuerza de la corrupción en todo el sistema judicial. Está, pues, plenamente justificado que los audios hayan sido difundidos por los medios de comunicación, a los que, ciertamente, siempre cabe exigir imparcialidad. La negación de este derecho a la verdad solo desnuda los intereses oscuros de los sectores políticos acostumbrados a servirse de la corrupción.

P. Deyvi Astudillo, SJ
Responsable de Vocaciones Jesuitas
Publicado el 14/08/2018 por Diario La República

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